En México, la desigualdad social y económica ha sido una constante histórica, una cicatriz que atraviesa generaciones y clases sociales. A pesar de los avances en ciertos aspectos de desarrollo y el crecimiento económico en las últimas décadas, la realidad es que la riqueza sigue concentrada en manos de unos pocos, mientras millones de mexicanos luchan por cubrir sus necesidades básicas. Esta es una realidad que no solo divide a la población, sino que debilita el tejido social y obstaculiza el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.
El Mito del Crecimiento Económico
A lo largo de los años, se nos ha vendido la idea de que el crecimiento económico es la solución a todos los problemas. Sin embargo, cuando observamos cómo este crecimiento ha sido distribuido, queda claro que los beneficios no han alcanzado a todos por igual. México es la decimoquinta economía más grande del mundo, y aun así, la pobreza afecta a cerca del 42% de la población, según datos recientes. Este contraste deja en evidencia que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente; es esencial implementar políticas redistributivas que garanticen que los frutos de la economía lleguen a todos los sectores de la sociedad.
Mientras la élite empresarial y política acumula fortunas, en muchos casos gracias a privilegios y monopolios, una gran parte de la población vive en la incertidumbre económica. El sistema favorece a aquellos que ya tienen, mientras que quienes nacen en contextos de pobreza enfrentan barreras casi insuperables para mejorar su situación. La movilidad social es prácticamente inexistente en un país donde el lugar de nacimiento sigue determinando, en gran medida, el destino de una persona.
Educación: ¿Un Motor de Igualdad o un Reflejo de la Desigualdad?
Uno de los aspectos más evidentes de esta desigualdad es el sistema educativo. Aunque en teoría la educación debería ser un medio para igualar oportunidades, en México, el acceso a una educación de calidad depende en gran medida de la situación económica de las familias. Las escuelas en comunidades rurales o zonas marginadas carecen de recursos básicos, mientras que las instituciones privadas, a las que solo una minoría tiene acceso, ofrecen mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento.
La falta de inversión en educación pública de calidad perpetúa el ciclo de la pobreza. Los niños y jóvenes de zonas marginadas, al no recibir una educación adecuada, tienen pocas posibilidades de acceder a empleos bien remunerados en el futuro. Este círculo vicioso de desigualdad educativa y económica se sigue reproduciendo año tras año, manteniendo a una gran parte de la población en condiciones de vulnerabilidad y dependencia.
Salud: Un Derecho o un Privilegio
El acceso a servicios de salud es otro reflejo de la desigualdad en México. Aunque el acceso a la salud debería ser un derecho universal, en la práctica, el sistema de salud público enfrenta serias deficiencias en términos de infraestructura, personal y recursos. Las clínicas y hospitales en zonas rurales están mal equipados, y los tiempos de espera para recibir atención en el sistema público pueden ser desalentadores.
Para quienes tienen recursos, la solución es sencilla: acuden a hospitales privados donde reciben atención de calidad. Sin embargo, para la mayoría de los mexicanos, el acceso a una atención médica digna y oportuna sigue siendo un reto. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia estas carencias de manera dramática, demostrando que el sistema de salud mexicano no está preparado para enfrentar crisis de gran magnitud, dejando a los más vulnerables desprotegidos.
El Rol del Estado en la Reducción de la Desigualdad
Ante este panorama, el papel del Estado en la reducción de la desigualdad es fundamental. Es imprescindible que se implementen políticas públicas enfocadas en la redistribución de la riqueza, la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento de la movilidad social. Esto implica una reestructuración del sistema fiscal, donde los impuestos realmente cumplan su función de reducir la brecha entre ricos y pobres.
Sin embargo, la corrupción y la falta de voluntad política han obstaculizado estos esfuerzos en el pasado. Es necesario un compromiso real por parte de los líderes políticos para implementar cambios estructurales que beneficien a la mayoría de la población, en lugar de favorecer a las élites económicas. Esto incluye una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y la aplicación de políticas que prioricen el bienestar de la ciudadanía.
Hacia una Sociedad Más Justa e Igualitaria
La desigualdad en México no es un problema que se resolverá de la noche a la mañana, pero es una batalla que debe librarse con determinación y compromiso. La justicia social no es un ideal inalcanzable, sino una meta hacia la cual todos los sectores de la sociedad deben trabajar. Desde el gobierno hasta el sector privado, y pasando por la sociedad civil, todos tenemos un rol en la construcción de un México más equitativo.
Es hora de cuestionar las narrativas que justifican la acumulación de riqueza en manos de unos pocos y de exigir un cambio profundo en la estructura social y económica del país. Solo así podremos construir una sociedad en la que todos los mexicanos tengan acceso a las mismas oportunidades y puedan aspirar a una vida digna y plena.